Avances y retos en la lucha contra la mutilación genital femenina
“Visibilizar” un problema de alcance internacional
Por Mª Isabel Oliver
Existen “prácticas nocivas”, amparadas en las tradiciones culturales, que constituyen una violación a los derechos humanos, poniendo en riesgo la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre estas prácticas tradicionales nocivas se incluye la mutilación genital femenina (MGF).
A propósito de la celebración del “Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina”, el 6 de febrero, toca visibilizar este problema de salud y de derechos humanos, que tiene un alcance internacional. La mutilación no solo está circunscrita a los 29 países de África, Oriente Medio y Asia donde se practica por costumbre o tradición, sino que afecta también a las poblaciones de emigrantes que residen en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
Se estima que, a día de hoy, entre 140 y 200 millones de niñas y mujeres de todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital, de las cuales 44 millones son menores de quince años. Destaca el caso de Somalia, donde el porcentaje de mujeres afectadas es del 98%. Aunque a nivel general su incidencia ha disminuido a lo largo de las últimas décadas, el descenso ha sido desigual e insuficiente para hacer frente al aumento del crecimiento demográfico. Si no se frena esta práctica y la tendencia actual continúa, el número de niñas sometidas a MGF aumentará durante los próximos años, de modo que hasta 2030, aproximadamente 30 millones de jóvenes estarían en riesgo de ser mutiladas antes de cumplir los quince años.
La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos fundamentales, así como un problema de salud pública, con efectos devastadores –a corto y largo plazo- en la vida de las mujeres y de las niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación de las mujeres, con graves y duraderas consecuencias para la salud, especialmente en lo concerniente al ámbito psicológico, sexual y reproductivo.
La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos fundamentales, así como un problema de salud pública, con efectos devastadores –a corto y largo plazo- en la vida de las mujeres y de las niñas.
Desde que en 1997 la FNUAP y la UNICEF, en una declaración conjunta, se pronunciaran contra esta práctica nociva, hasta entonces invisibilizada, se han realizado esfuerzos para luchar contra la MGF a través de la investigación, del trabajo con las comunidades y del cambio en las políticas públicas. De hecho, la obligación de acabar con la mutilación se ha mencionado de forma explícita en varios tratados de derechos humanos. De manera repetida, las organizaciones internacionales han instado a los Estados a que prohíban la MGF y a que apoyen los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias en su erradicación.
En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución en la cual condenaba la MGF, pedía a los Estados Miembros que prohibieran y castigaran esta práctica, exhortaba a seguir observando el 6 de febrero como el “Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina”, aprovechando la ocasión para mejorar las campañas de sensibilización y tomar medidas concretas contra esta práctica.
El “Protocolo de Maputo” (2003), que insta a los Estados a “prohibir y condenar toda forma de prácticas nocivas que afecten negativamente a los derechos humanos de las mujeres y que sean contrarias a las normas internacionales reconocidas”, en su artículo cinco habla de la obligación específica de eliminar la MGF. Así mismo, en febrero de 2016 la mutilación genital femenina se abordó desde Naciones Unidas como una prioridad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcándose como objetivo acabar con esta práctica y con el matrimonio infantil para el año 2030.
Gracias a la implicación internacional y nacional, se están observando avances y cambios positivos en algunos países, tanto en la constante disminución en la cuantía de mujeres y de niñas que son mutiladas, como en el número de personas que han dejado de apoyar la ablación. Según UNICEF, en Burkina Faso la MGF afecta al 76% de las mujeres entre 15 y 49 años y a un 13% de niñas entre 0 y 14 años, cifras que reflejan su considerable descenso en los últimos años. Según esta misma organización, dos tercios de los hombres, mujeres, niños y niñas de los países donde la mutilación genital femenina es habitual, aseguran que quieren que se erradique en sus comunidades.
se están observando avances y cambios positivos en algunos países, tanto en la constante disminución en la cuantía de mujeres y de niñas que son mutiladas, como en el número de personas que han dejado de apoyar la ablación
Además de una amplia mayoría de personas que se oponen a esta práctica dañina, se está produciendo un creciente impulso y compromiso para erradicar la mutilación. Los avances han ocurrido, sobre todo, en los países donde existe una legislación que penaliza la MGF, una actitud gubernamental favorable a la lucha contra la práctica, el apoyo de las agencias de cooperación internacional, así como un explícito apoyo institucional a las intervenciones comunitarias de la sociedad civil que trabajan por su erradicación.
Algunos países africanos iniciaron precozmente leyes que penaban la práctica. Por ejemplo, Burkina Faso cuenta desde 1996 con una legislación específica. En 2015, Gambia y Nigeria prohibieron por ley la MGF. En ese mismo año, en Somalia –el país con la prevalencia de la ablación más alta del mundo, el Ministerio de la Mujer propuso que esta práctica fuera ilegal. En 2016 se han producido los avances legislativos más importantes en la lucha contra la mutilación genital femenina. El Parlamento Panafricano, el órgano legislativo de la Unión Africana, aprobó en agosto de 2016 la prohibición de las prácticas de la mutilación genital femenina en sus 50 estados miembros, en virtud del Plan de Acción firmado por sus 250 diputados y representantes del Fondo para la Población de Naciones Unidas (FNUAP).
En 2016 se han producido los avances legislativos más importantes en la lucha contra la mutilación genital femenina. El Parlamento Panafricano, el órgano legislativo de la Unión Africana, aprobó en agosto de 2016 la prohibición de las prácticas de la mutilación genital femenina en sus 50 estados miembros
Pero este no es un problema que esté delimitado por fronteras geográficas. Se estima que en virtud de los fenómenos migratorios, residen en España en torno a 57 mil mujeres de origen subsahariano y que 17 mil niñas están en peligro de sufrir mutilación genital, especialmente en los viajes vacacionales a los países de origen. Se trata de menores de 14 años, residentes en el territorio español, que proceden de países donde persiste la práctica de la ablación. Nuestra legislación es explícita al respecto, con condenas a los progenitores que van desde la retirada de la patria potestad hasta doce años de prisión. Además, la Ley Orgánica 3/2005 acordó perseguir extraterritorialmente la práctica de la MGF.
En el estado español tenemos importantes retos en la atención sanitaria a mujeres inmigrantes que fueron mutiladas en sus países de origen y también en la prevención de esta práctica en sus hijas. Algunas Comunidades Autónomas -como Cataluña, Cantabria Aragón, Navarra y Euskadi-, han desarrollado sus propios protocolos interdisciplinares de actuación, bien en su legislación o en sus normas relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, materia de infancia o de violencia contra las mujeres.
En el marco de la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publicó un documento sobre “La Mutilación Genital Femenina en España”. En el año 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicó el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina”. Se trata de una herramienta para orientar actuaciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud que permitan mejorar la salud de las mujeres y las niñas a las que se ha practicado la MGF, así como trabajar en la prevención y detección del riesgo en niñas que está en situación de vulnerabilidad. Este documento estatal es únicamente sanitario, pero no contempla las otras instancias implicadas, sobre todo educativas y sociales.
En su erradicación se han producido considerables logros, pero quedan pendientes muchos retos, tanto en origen como en los países de destino de la población inmigrante. En el caso español, y especialmente en el territorio de Andalucía, necesitamos visibilizar este problema, además de sensibilizar y formar a los profesionales de la educación, los servicios sociales y la sanidad que están en contacto con poblaciones en riesgo. Necesitamos materiales formativos, políticas y directrices para poder tratar y aconsejar a las mujeres que han sufrido algún tipo de mutilación, así como para prevenir la pervivencia de la práctica en sus hijas nacidas en España. En este sentido, la educación, la prevención, la detección y la atención son fundamentales para reducir la incidencia de la mutilación en las nuevas generaciones.
En su erradicación se han producido considerables logros, pero quedan pendientes muchos retos, tanto en origen como en los países de destino de la población inmigrante.
En el caso español, y especialmente en el territorio de Andalucía, necesitamos visibilizar este problema, además de sensibilizar y formar a los profesionales de la educación, los servicios sociales y la sanidad que están en contacto con poblaciones en riesgo.
Medicus Mundi Andalucía viene realizando un importante papel en su erradicación, tanto en programas de cooperación sanitaria en países donde se realiza la práctica (por ejemplo Burkina Faso, país donde se han producido considerables avances, apoyando al “Comité Nacional de Lucha contra la Práctica de la Escisión”, sobre todo en las zonas rurales, de difícil acceso y con menos recursos), como en la sensibilización y formación de los profesionales andaluces en contacto con mujeres que han sido mutiladas o están en riesgo de serlo.
Es preciso seguir trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres, favoreciendo su acceso a la educación, la salud y a los procesos de toma de decisiones, de modo que la erradicación de la mutilación genital femenina sea una realidad.
