La salud en riesgo: cuando cuidar es un acto de resistencia
En pleno siglo XXI, cuando la comunidad internacional afirma avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, asistimos a una deriva preocupante: el debilitamiento progresivo del derecho a la salud a escala global.
En el Día Mundial de la Salud denunciamos que no se trata de una crisis puntual ni de una suma de problemas aislados. Sino que estamos ante una dinámica estructural que combina tres tendencias simultáneas: la reducción de la financiación internacional en salud, el aumento de los conflictos armados y la creciente vulneración del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo que respecta a la protección del personal y las infraestructuras sanitarias.
Menos financiación, más impacto
Los datos son elocuentes. La ayuda global al desarrollo cayó un 9% en 2024 y las previsiones apuntan a nuevas reducciones de hasta el 17% en 2025. Este descenso resulta especialmente alarmante si se tiene en cuenta que en muchos países de renta baja la financiación externa sostiene una parte esencial de sus sistemas sanitarios. En algunos casos, hasta el 80% de determinados programas de salud dependen de estos fondos.
Traducido a la realidad, esto implica la interrupción de tratamientos contra el VIH, la paralización de campañas de prevención de enfermedades como la malaria o la imposibilidad de sostener redes de atención primaria en zonas rurales. Según estimaciones recientes, una caída abrupta de la Ayuda Oficial al Desarrollo podría provocar más de 22 millones de muertes adicionales antes de 2030.
Más conflictos, menos protección
A esta contracción de recursos se suma un contexto geopolítico cada vez más inestable. En 2024 se registraron 61 conflictos armados con participación estatal, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá del número de conflictos, lo que define el momento actual es la forma en que se desarrollan.
Los ataques contra la asistencia sanitaria han dejado de ser excepcionales para convertirse en una práctica recurrente. Solo en 2024 se documentaron más de 3.600 incidentes de violencia contra instalaciones y personal sanitario. Hospitales bombardeados, ambulancias atacadas y profesionales de la salud asesinados o detenidos forman parte de una realidad que vulnera de forma sistemática el Derecho Internacional Humanitario.
Sistemas sanitarios al límite
Las consecuencias son devastadoras y trascienden el impacto inmediato. Cada centro de salud destruido, cada profesional sanitario que muere o se ve obligado a huir, debilita aún más sistemas ya frágiles y compromete la capacidad de respuesta presente y futura. En países como Siria, Irak o Nigeria, la salida masiva de personal sanitario ha dejado territorios enteros sin acceso a servicios básicos de salud.
Este deterioro se ve agravado por el colapso de otros determinantes esenciales. El acceso al agua potable, a la alimentación o a condiciones mínimas de vida se ve profundamente afectado en contextos de conflicto y crisis prolongadas. En 2024, cerca de 300 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda, un escenario que favorece la propagación de enfermedades y multiplica la presión sobre sistemas sanitarios ya desbordados.
Un círculo que se retroalimenta
Así la realidad global nos enfrenta a una especie de ecuación silenciosa pero devastadora: menos ayuda, más conflictos y menos protección para quienes cuidan. Tres factores que no solo coinciden en el tiempo, sino que se potencian entre sí, erosionando algo que parecía incuestionable: el derecho a la salud.
Nos encontramos, por tanto, ante un círculo vicioso en el que la reducción de la financiación, la intensificación de los conflictos y la desprotección del ámbito sanitario se retroalimentan, generando un impacto acumulativo sobre la salud de las poblaciones más vulnerables.
Romper esta dinámica exige decisiones firmes. En primer lugar, revertir la tendencia de recortes y situar la financiación de la salud como una prioridad estratégica en la cooperación internacional. En segundo lugar, garantizar el respeto efectivo del Derecho Internacional Humanitario, asegurando la protección de las instalaciones y del personal sanitario en todos los contextos. Y, en tercer lugar, reforzar los sistemas públicos de salud desde un enfoque integral que aborde también los determinantes sociales.
Una decisión colectiva: volver a lo esencial
La salud no puede seguir siendo una variable secundaria en la agenda internacional. Es un derecho fundamental y un indicador clave del compromiso real con la dignidad humana.
Permitir su deterioro no es una consecuencia inevitable del contexto global. Es, en última instancia, una decisión; y en un momento en el que el mundo parece avanzar en muchas direcciones debemos defender el derecho a la salud desde lo más básico: priorizando la vida frente a otros intereses, protegiendo a quienes cuidan, incluso —y especialmente— en contextos de guerra y garantizando que nadie quede fuera de algo tan básico como recibir atención médica.
Porque cuando un sistema de salud cae, no cae solo un servicio. Cae una red entera de cuidados, de oportunidades y de futuro. Y porque, en última instancia, la salud no es solo un indicador. Es el reflejo más claro de qué tipo de mundo estamos construyendo.