El nuevo proyecto de ley del aborto supone un retroceso de derechos, un aumento de la desigualdad y un atentado a la salud de las mujeres

Hoy se votará en el Consejo de Ministros, y seguramente será aprobada, un anteproyecto de ley que, de nuevo, penalizará el aborto decidido libremente por las mujeres. El señor Gallardón afirma que la ley no penalizará a las mujeres que decidan abortar, sino “solo” a los profesionales que les practiquen el aborto.

Para que nos entendamos, el señor Gallardón propone una ley que supone un retroceso en los derechos de las mujeres e incrementa las desigualdades entre ellas, al permitir el aborto de las más pudientes, que pueden pagarse un viaje al extranjero para que se les practique un aborto legal,  mientras que pone trabas al aborto de las mujeres con dificultades económicas, a las cuales, además, expondrá a una mayor pobreza –si deciden pagarse un aborto legal en el extranjero o uno ilegal, pero sanitariamente seguro, en España- y/o a problemas de salud, que pueden ser graves y causar incluso a la muerte, si optan por practicar un aborto en condiciones no seguras.

Según un reciente estudio de la OMS, publicado en The Lancet[1], las leyes restrictivas sobre el aborto no disminuyen el número de abortos inducidos, pero si incrementan el número de abortos que se practican en condiciones no seguras. Por tanto, la OMS recomienda a todos los gobiernos que tomen medidas para reducir el número de embarazos no deseados y los abortos inseguros, incluyendo inversiones en planificación familiar y en la práctica de abortos en condiciones seguras.