Sanidad pública/privada: equidad, eficiencia.
La situación española
Por Rafael Rodríguez-Contreras Pelayo
«Podría pensarse en lo político como en el elemento más ineficiente de lo público, al anteponer sus privilegios a los derechos de la sociedad a la que debería servir»
En España la presión social por la crisis económica (cuya responsabilidad principal corresponde a intereses del consorcio de poderes político-financiero) está siendo utilizada para empujarnos a aceptar la conveniencia de favorecer una mayor intervención de las aseguradoras privadas en la gestión y prestación de los servicios sanitarios.
Ello está secuestrando el debate esencial que debería ocupar el centro de nuestra reflexión y que es necesario realizar: cómo intervenir sobre nuestro Sistema Nacional de Salud para mejorar su calidad, equidad y eficiencia, garantizando con ello su sustentabilidad.
Definir el nivel óptimo del gasto total en salud, su composición público/privada, la organización del sistema y su estructura de gestión, con el fin de alcanzar los mejores resultados con iguales recursos, es tarea de una enorme complejidad al afectar tanto a elementos técnicos, como a universos ideológicos, políticos y de valores de la sociedad. Pero ello debe estimular nuestro compromiso intelectual para intentar racionalizar nuestro análisis, a partir de experiencias reales, aún a pesar de que será difícil alcanzar dicho objetivo, porque no permitirá eliminar todos los sesgos inherentes.
Por ello vamos a realizar una serie de comparaciones, para ver si hay relación, entre diversos elementos esenciales de nuestro modelo sanitario, frente al de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con datos referidos al año 2011.
1º El gasto total sanitario por habitante, ajustado por paridad de poder adquisitivo, sitúa a España, con 3.072 dólares, por debajo de la media de la OCDE y donde sólo: Grecia, Eslovenia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Polonia y Estonia, de entre un total de 23 miembros europeos, destinan menor cantidad de recursos per cápita que nosotros.
2º Nuestra proporción de gasto privado frente al público es superior a la de Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia e inferior a la de Canadá, Corea, Chile, México, Portugal, Suiza y EE.UU.
3º De entre todos los países de la OCDE, sólo México, Chile y EE.UU. presentan una cuantía de gastos privados en salud superiores a los públicos, a semejanza de lo que ocurre en la mayoría de los países de bajo desarrollo. Estados Unidos, que ostenta el récord de ser el país que más apuesta por el mercado de las aseguradoras privadas, tiene el gasto sanitario por habitante más elevado del mundo (8.508 dólares) y una atención que deja sin seguro médico a 46 millones de personas aproximadamente, de ahí la reforma sanitaria de Obama.
4º El crecimiento del gasto sanitario en España en los últimos 10 años fue del 2`7% anual, frente al 4´1% de promedio en la OCDE y del 7`5% en los EE.UU. también, en este caso, el país que peor controló dicho crecimiento.
Todo lo anterior permite afirmar que España: a) destina menos recursos sanitarios por habitante que los países a los que debemos acercarnos por su mejor y mayor desarrollo social, b) tiene una proporción de gasto privado en salud superior al de esos mismos países y c) ha frenado el crecimiento del gasto en los diez últimos años con más eficacia que ellos.
La mejora de la salud de la población ha de tener en la equidad y en la legitimidad social los medios indispensables para alcanzarla
La mejora de la salud de la población, principal objetivo de un sistema sanitario, ha de tener en la equidad (igualdad para todos en la accesibilidad y calidad de la atención) y en la legitimidad social (universalidad, aceptabilidad y participación) los medios indispensables para alcanzarla. El balance entre ellos y el coste a través del que se consiguen, definen la eficiencia de un sistema.
La Organización Mundial de la Salud, en su “Informe sobre la salud en el mundo, 2000”, ha señalado que “lo que parece deducirse de los estudios de los sistemas sanitarios de los países europeos desarrollados es que equidad y eficiencia están asociadas y que los sistemas sanitarios públicos, más igualitarios, que refuercen sus mecanismos de evaluación, son más eficientes que aquellos que se apoyan más en el mercado”. El Banco Mundial en 1997 sostiene: “los gobiernos deben de jugar un mayor papel en la financiación de los cuidados de salud en apoyo de la equidad y también de la eficiencia […] Los actores privados son a menudo grandes despilfarradores en cuidados inefectivos por falta de controles estatales”.
Todo lo anterior nos obliga a ser cautelosos y prudentes antes de realizar una apuesta liberalizadora, que puede suponer la pérdida de la equidad y eficiencia en nuestro Sistema Sanitario, esencial para la estabilidad social.
Para defender su sustentabilidad es imprescindible reforzar la Atención Primaria de Salud así como las estrategias poblacionales de Salud Pública, conociendo la mayor eficiencia y equidad que comportan.
Y sería esencial someter a una evaluación, con periodicidad trienal a todos los elementos del Sistema Sanitario (usuarios, profesionales y administradores sanitarios públicos). Dicha evaluación, realizada por un órgano imparcial, constituido por profesionales de reconocida solvencia profesional e independencia partidista, nos permitiría corregir deficiencias en el uso, gestión y control profesional, financiero y político del Sistema Nacional de Salud, y mejorar su legitimidad ante la población.
Se ha planteado que lo público tiene en el funcionariado su principal factor limitante para alcanzar la eficiencia, mientras que lo privado, lo tiene en el beneficio. Actualmente, podría pensarse en lo político como en el elemento más ineficiente de lo público, al anteponer sus privilegios a los derechos de la sociedad a la que debería servir. Sólo su evaluación continuada, imparcial e independiente y la eliminación de prerrogativas que les permiten ejercer de juez y parte ―con lo que se pervierte la democracia, al debilitar la igualdad ante la ley― podrán regenerar la vida pública y hacer que, con su ejemplo, se recupere el derecho a la dignidad y al compromiso como una parte esencial del espíritu de lo humano.
Rafael Rodríguez-Contreras Pelayo es Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Presidente de Honor de medicusmundi Andalucía
Este artículo forma parte del Boletín extraordinario 40 aniversario
